Hay al menos una ilegalidad en el aumento del impuesto sobre la renta sobre la ganancia de capital

La más notoria ilegalidad se refiere al tiempo de su vigencia. Aunque la norma introducida impone su aplicación ya a partir del 1 de enero de este año, esto no es posible, en la medida en que la Ley 13.259 / 16 (que convirtió la MP 692/15) sólo fue promulgada este mismo año. Para ser válida en 2016, debería haberse promulgado en 2015.

El Art. 104 del CTN es claro, estableciendo que entran en vigor el primer día del ejercicio siguiente a aquel en que ocurra su publicación los dispositivos de ley, referentes a impuestos sobre patrimonio o la renta, en los casos de institución o aumento.

Por supuesto, el fisco tenderá a la desconsideración de este precepto y aplicará la norma en contra de los contribuyentes. Por cierto, innumerables acciones judiciales se iniciarán con el propósito de apartar la ilegalidad. Hasta que se decidan en uno u otro sentido, la incertidumbre jurídica puede inhibir un gran número de negocios.

En medio de la retracción económica y fuerte crisis que hoy vivimos, empresas y empresarios ven alternativas a menudo dirigidas a las operaciones societarias, como escisiones, fusiones y adquisiciones, así como otras basadas en la venta de patrimonio, cuya viabilidad e interés está íntimamente ligada a la carga tributaria .

En tiempos difíciles, todo lo que no se espera es el aumento de los obstáculos jurídicos y burocráticos que puedan dificultar aún más la superación de los problemas.

En vista de ello, se destaca la eficacia de la planificación tributaria para la elección de las adecuadas estructuras jurídicas a ser aplicadas.